Según informó Global News, las Primeras Naciones de Columbia Británica han presentado ocho recursos legales independientes en contra de la decisión del gobierno federal de catalogar el propuesto oleoducto de petróleo Pacific Link como un proyecto de interés nacional. Esta designación acelera su revisión regulatoria.

Objeciones a la falta de consulta y plazos acelerados
El proyecto petrolero busca conectar Alberta con la costa de la Columbia Británica, siguiendo en gran parte la ruta del oleoducto Trans Mountain existente hacia una terminal de exportación en el área metropolitana de Vancouver. Su costo estimado se sitúa entre los 35.200 y los 42.700 millones de dólares.
Entre las comunidades demandantes se encuentra la Nación Tsartlip, en la isla de Vancouver, que presentó una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal Federal. Adam Olsen, portavoz de la comunidad, calificó la decisión gubernamental como imprudente y apresurada, argumentando que Ottawa incumplió su deber de consultar a los pueblos indígenas. Según indicó en una entrevista citada por Global News, el proceso de consulta duró menos de tres meses a pesar de tratarse de un proyecto multimillonario que no concluiría sino hasta 2032.
Preocupaciones ambientales y sobre los derechos de pesca
Nueve naciones situadas a lo largo de las rutas previstas del oleoducto y de los petroleros, o que utilizan el río Fraser para la pesca, participan en las acciones legales. Entre ellas figuran las bandas de Boston Bar, Cheam, Lower Nicola, Kwantlen, Kwikwetlem, el grupo indígena Skeetchestn, además de aplicaciones conjuntas presentadas por la Nación St’at’imc y la Nación T’Sou-ke.
El Consejo de Jefes St’at’imc señaló que la propuesta de infraestructura implica más de 500 cruces de ríos, incluidos dos nuevos cruces en el río Fraser, y un incremento en el tráfico de barcos petroleros en el mar de Salish. Los líderes comunitarios advirtieron sobre los riesgos de un posible derrame de petróleo para el salmón salvaje y los derechos de pesca de las comunidades.
Por su parte, la Nación Tsartlip solicita que el tribunal confirme que el gobierno canadiense tiene la obligación de realizar consultas significativas antes de determinar si un proyecto de esta magnitud responde al interés nacional.
Fuente: Global News
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StudioX News · ISSN 3111-4717
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